En un un hecho sin precedentes desde 1972, el Presidente de la República no cumplió con su deber constitucional de promulgar una ley aprobada por el Congreso Nacional dentro del plazo establecido.

16 Senadores de la República acudieron al Tribunal Constitucional para conseguir la promulgación de una ley que garantizaba el acceso público a las propiedades subdivididas en zonas rurales a través de caminos públicos, promovida por la asociación gremial Chile Rural.