La asociación gremial de loteadores, Chile Rural, solicitó al 7° Juzgado Civil de Santiago abrir un juicio para determinar la legalidad del Ordinario N° 637 y del Ordinario Circular N° 475, emitidos por el SAG, el Ministerio de Agricultura y la Subsecretaría de Agricultura, instructivos que ordenaban al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) endurecer los criterios para autorizar subdivisiones de predios rurales, suspendiendo todas las solicitudes en los casos en que se sospechara que los terrenos serían destinados a fines habitacionales.

El gremio denunció que en la circular el Gobierno se atribuía facultades que corresponden al Poder Legislativo, por lo que el documento carecería de legitimidad. Así, Chile Rural, representado por el socio Felipe Riesco, solicitó formalmente suspender el instructivo de las autoridades hasta que se resuelva el proceso judicial.

La petición fue acogida y se dispuso la suspensión de los efectos de ambos Ordinarios, por los cuales instruyó sobre criterios para suspender los procedimientos de certificación de subdivisión predial y determinar su aprobación o rechazo.

Referencias: Diario Financiero, Diario El Mercurio